Reflexiones para compartir

Sistematización realizada por Marcelo Colussi

En Guatemala, pequeño y olvidado país de Centroamérica que solo es noticia
internacional cuando acontece una catástrofe (un desastre natural, un golpe de
Estado, una connotada masacre), también hay profundos intereses por pensar
críticamente el mundo, la sociedad, la forma en que vivimos. Pensar… y aportar
propuestas superadoras, por supuesto.

La organización popular de extracción indígena campesina con un fuerte enfoque
multicultural, la Asociación de Formación para el Desarrollo Integral -AFOPADI-,
con la colaboración de la organización belga Broederlijk Delen (“Compartir
fraternamente”, en neerlandés), se ha dado a la tarea, igual que mucha otra gente
de distintas partes del planeta, de llevar a cabo esa reflexión. Según sus propias
palabras “reflexionamos sobre el mundo prehispánico para retomar saberes,
caminos, formas de ser y hacer comunidad. Luego nos internamos en el sistema
mundo capitalista, eurocéntrico, patriarcal, genocida, ecocida, concluyendo que es
un sistema que solo puede generar muerte, que está atentando con la
supervivencia de la especie humana y que, por lo tanto, hay que estudiar para
analizar y construir alternativas al capitalismo. Esta conclusión nos llevó a la
reflexión sobre los distintos socialismos que en distintos momentos de la historia
han surgido en diferentes sociedades y geografías de nuestro mundo”.
En otros términos, se pregunta sobre los caminos para avanzar hacia la
construcción de comunidades que se rijan con principios éticos como justicia,
equidad, horizontalidad, con apuestas políticas como el antiimperialismo,
anticolonialismo, autonomía, libre determinación y con convicciones armónicas en
la defensa del medio ambiente, buscando superar el individualismo e
hiperconsumismo capitalistas. Sabiendo, claro está, que el actual no es un
momento global de avance popular sino de resistencia ante el crecimiento de las
derechas.
Es ahí, entonces, donde cobra un significado especial la pregunta sobre la
comunidad. La misma no se concibe solo como una reunión de gente y un espacio
geográfico sino en tanto la verdadera, quizá la única, manera de ir construyendo
un poder no vertical, buscando nuevas formas de relacionamiento entre los seres
humanos, donde el principio rector no sea el odioso “sálvese quien pueda”
individualista sino la solidaridad de base, la confraternidad. Dicho de otro modo:

¿cómo se puede construir una democracia realmente participativa, un genuino
poder popular de todas y todos? ¿Cómo se logra esa comunidad?
Pero ¿qué es exactamente el poder popular? Es el poder que emana del pueblo,
pero no esa delegación simbólica, rancia, desabrida y podrida de la democracia
representativa, donde cada cierto período se cumple con el rito de ir a las urnas
para elegir a supuestos representantes de la voluntad popular. No, en absoluto. El
poder popular es el ejercicio efectivo, a través de la organización y la participación
real, de la amplia mayoría de un colectivo en la decisión de los asuntos básicos
que le conciernen. El poder popular es más, infinitamente más que la atención de
los problemas puntuales de una comunidad acotada, el alumbrado público o el
adoquinado de un barrio, la resolución de un problema específico del transporte
colectivo de un sector urbano, o la instalación del agua potable o la edificación de
una escuela en una comunidad rural. El poder popular es la democracia real,
directa, efectiva, participativa del pueblo soberano, no sólo para atender
problemas prácticos puntuales sino para definir y controlar la implementación de
políticas macro a nivel nacional, políticas públicas que tiendan, generen e
incentiven la humanización de las sociedades, e incluso impulsar políticas a nivel
internacional, haciendo al mismo tiempo de ejecutores y de contralores.
Para poder reflexionar sobre todo esto, con criterios claramente decoloniales y
extrayendo conclusiones, AFOPADI pensó conocer de primera mano varias
experiencias comunitarias, y a partir de allí, más bibliografía complementaria,
iniciar un proceso de sistematización de la problemática. En ese sentido, a lo largo
del segundo semestre de este año 2026, está tomando contacto con diversos
colectivos en un diálogo franco y abierto. Participan allí seis comunidades: tres de
Guatemala (comunidad Santa Anita, finca La Florida, Cooperativa Nuevo
Horizonte) y tres de otros países (comunas de Venezuela, experiencia Zapatista,
en Chiapas -México- y experiencia Marinaleda, en Sevilla -España-).
La idea central de la iniciativa es ver cómo poder construir una alternativa de
poder popular distinto y superador de lo que ya existe. Es decir: ¿cómo darle
forma a esa utopía de una nueva comunidad?
En el trabajo de sistematización de estas experiencias -de las que hoy se
presentan las dos primeras: Santa Anita en Guatemala y movimiento comunal en
Venezuela- surgen de inmediato dos dudas (quizá muchas más posteriormente):
 ¿Cómo construir comunidad y poder popular en medio de un mundo que va
radicalmente en contra de eso?
 ¿Es posible el autogobierno a partir de la propia autosuficiencia financiera
en este nuevo modelo de comunidad? Pregunta que se evidencia a partir
de la misma experiencia de sistematización en curso: ¿podría la ONG local
hacerla si no estuvieran los fondos de una organización de cooperación
internacional?

Junto a estas preguntas puede decirse que hay otros interrogantes más; quizá
muchos más. Plantearlos ahora es un modo de empezar a buscar respuestas a
estos dilemas que convocan a todos aquellos que pensamos en un mundo de
justicias y equidades, de democracia directa, como dijera un pensador
decimonónico hoy día supuestamente superado: de “productores libres
asociados”, donde regiría la máxima de “De cada quien según su capacidad, a
cada quien según su necesidad”.
Comunidad Santa Anita, Guatemala
La Comunidad Santa Anita se encuentra ubicada la República de Guatemala, más
específicamente en la boca-costa del Océano Pacífico, en el departamento de
Quetzaltenango, municipio de Colomba Costa Cuca, a 48 kilómetros de la ciudad
de Quetzaltenango y a 217 de la ciudad capital de Guatemala. Fue fundada por 35
familias de ex combatientes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
(URNG, concretamente de la Organización del Pueblo en Armas -ORPA-, uno de
los cuatro frentes que conformaron esa coalición), la mayoría de ellas de
ascendencia maya-mam, provenientes del departamento de San Marcos.
Esta comunidad surge a partir de los procesos de reinserción civil del movimiento
insurgente luego de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala en 1996, los
cuales dieron fin a 36 años de lucha armada entre las fuerzas revolucionarias y el
ejército nacional. Los miembros de esa naciente comunidad recibieron algún
apoyo por parte del gobierno como parte de esos acuerdos, pero en realidad, fue
muy escaso, lo que duró apenas un par de años.
Con la Fundación Guillermo Toriello -organización que nucleaba a los ex
combatientes del movimiento guerrillero- gestionaron un préstamo para adquirir
una finca de alrededor de 65 hectáreas. La misma fue adquirida con ese préstamo
a un precio excesivamente sobrevalorado. Los dueños anteriores de esa
propiedad la tenían en el abandono desde hacía largos años, una década al
menos, por lo que las familias reinsertadas debieron realizar un ingente trabajo
para reactivarla. En 1998 se establecieron formalmente bajo la Asociación Maya
de Pequeños Agricultores Santa Anita La Unión. La comunidad originaria –
hombres y mujeres que lucharon armas en mano por un mundo distinto, por un
horizonte superador del capitalismo-, desde el momento de su fundación como
Comunidad Santa Anita, ha intentado crear una micro sociedad alternativa, con los
mismos valores de justicia y equidad por lo que, en su momento, se fueron a la
montaña alzándose contra el estado de cosas. Su objetivo básico a partir de la
reinserción fue transformar la “finca” en “comunidad”.
Los Acuerdos de Paz firmados por fuerzas insurgentes y gobierno, que en papel
significarían la posibilidad de establecer una sociedad más justa -Guatemala es
uno de los países del mundo donde las diferencias entre ricos y pobres son más
notorias- han ido quedando en el olvido. Hoy se puede decir que están totalmente
abandonados, son letra muerta. Las causas estructurales que pusieron en marcha

la guerra civil en la década de los 60 del pasado siglo no han cambiado luego de
la firma de la paz. En realidad, hoy día no existe una guerra abierta entre dos
bandos movilizados y armados, pero el país lejos está de vivir en paz. Las
diferencias socioeconómicas son siderales; según un informe de Bancos Suizos,
menos del 1% de la población detenta casi el 60% de la riqueza nacional. Del
mismo modo la tenencia de la tierra, en un país básicamente agrario, es altamente
desigual: menos del 5% de grandes propietarios concentras alrededor de dos
tercios de las tierras cultivables, mientras que la gran mayoría campesina
(indígena en lo fundamental) apenas posee minifundios de aproximadamente una
hectárea, que sirven para una magra sobrevivencia.
Al mismo tiempo, se perpetúa un racismo visceral que atraviesa toda la sociedad:
los pueblos originarios, de ascendencia maya, aunque son mayoría en términos
numéricos, participan muy escasamente de los beneficios sociales, con
economías de subsistencia y muy exiguos niveles de desarrollo en sentido amplio:
salud, educación, vivienda, acceso a tierra, desarrollo tecnológico.
Las 35 familias originarias de Santa Anita ahora ya son 54. En el camino se fueron
dando interesantes avances, al mismo tiempo que fueron surgiendo nuevos
problemas, que son los que constituyen el motivo de estas reflexiones. La finca
adquirida es básicamente cafetalera; además de trabajar con ese cultivo, los
miembros de la comunidad obtuvieron el apoyo de la Embajada de los Países
Bajos, lo que permitió nuevas iniciativas. De esa cuenta, con un espíritu
hondamente solidario y comunitario, se repartieron terrenos para vivienda, se
trazaron calles, fueron instalados drenajes, paneles solares para la iluminación
pública, y se construyó la primera escuela primaria del área. Luego fueron
sumándose niveles de educación secundaria, en todos los casos abiertos a niños
y jóvenes de comunidades vecinas, consolidando a Santa Anita como un ejemplo
educativo y solidario, mostrando que el espíritu de confraternidad sí es posible.
Las familias originarias fueron pagando el crédito otorgado, consiguiendo que
alrededor de la mitad fuera condonado finalmente. Pero también fueron
apareciendo obstáculos. Al centrarse en el café como principal fuente de ingreso,
tanto la aparición del hongo conocido como roya, así como la dependencia de los
precios del producto fijados en bolsas de valores inaccesibles a los productores,
ubicadas fuera del país, se entró en crisis con esa producción. De ahí que la
comunidad marchó hacia nuevas perspectivas, y se desarrolló el ecoturismo como
alternativa.
La idea central del proyecto es decolonizar lo conocido; por tanto, pasar de la
ideología de finca, de propiedad privada individual, a comunidad, a propiedad
comunal. Sin embargo, la experiencia muestra que eso cuesta mucho, pues
implica profundas transformaciones ideológico-culturales. En esa lógica, algunos
miembros de la comunidad terminaron vendiendo sus parcelas. Paradójicamente
quienes venden terminan trabajando como empleados de quienes compran.

Construir esa isla de solidaridad en medio de un sistema que promueve lo
contrario, se torna complicado. La comunidad ha conseguido grandes avances,
pero los problemas están siempre acechando. Además de la cuestión de la
generación de ingresos, hay un escollo importante: cómo trabajar con la juventud
e integrarla al proyecto comunitario. Muchas y muchos jóvenes estudian, por lo
que salen del espacio comunal. Conocida otra realidad, con estudios a cuesta,
muchas veces ya no regresan. Hay ahí un cuello de botella. Dadas esas
circunstancias ¿cómo puede crecer y ser autosostenible la comunidad, con su
perfil agrario y de un incipiente ecoturismo?
Junto a ello, complicando más las cosas, se da la perspectiva de la proliferación
del consumo de drogas en el entorno. Se intenta que eso no llegue al seno de
Santa Anita (“poner portones para evitar las malas influencias”), por lo que se hace
un trabajo de educación ideológica continua con los jóvenes. De todos modos, se
torna difícil prescindir de lo que sucede por fuera de la comunidad. Se pueden
establecer portones que impidan la entrada de los valores consumistas e
individualistas que traen las drogas, pero hay allí una situación que, como mínimo,
abre preguntas. ¿Cómo encarar y resolver eso?
Otro punto a considerar es la presencia de las religiones en el entramado social de
Guatemala. Es sabido que, junto a la católica -traída por los invasores españoles
hace cinco siglos-, la cosmovisión maya -que por motivos del ancestral racismo se
sigue haciendo en cierta forma a escondidas (“brujería”, para la visión eurocéntrica
de los conquistadores, noción todavía vigente en buena medida en el imaginario
colectivo)- las iglesias neopentecostales de estas últimas décadas juegan un muy
importante papel como distractores sociales. Santa Anita no es inmune a esto.
Producto de la sistematización que ahora se pretende desarrollar, todos estos
problemas deben ser la materia básica a problematizar: ¿cómo construir esa
comunidad alternativa?
Comunas en Venezuela, Frente Franciso de Miranda
El Frente Francisco de Miranda surgió luego del intento de golpe de Estado de
2002 perpetrado por el imperialismo yanki y sectores de la derecha nacional
venezolana, rechazado por el pueblo movilizado. Se funda en Cuba por los
presidentes Hugo Chávez, de Venezuela, y Fidel Castro, de Cuba, constituyendo
una organización social y política, creada oficialmente el 29 de junio de 2003 en La
Habana, con el objetivo central de impulsar el trabajo social, la organización
comunitaria y la defensa del socialismo naciente. Aparece ante la necesidad de
contar con actores sólidos y muy activos para acompañar en la base los cambios
que desde el Ejecutivo comienzan a darse, buscando crear un modelo alternativo
al capitalismo, desmontando el Estado burgués vigente.
Una gran cantidad de jóvenes formados en Cuba en organización comunitaria y
participación popular fue elemento básico para la creación de este fermento de

poder popular, del que deriva el movimiento de las comunas. Como los mismos
miembros del Frente dicen:
“Somos una organización juvenil mirandina, bolivariana, guevariana,
antiimperialista, que forma parte de todas las Misiones que nuestro comandante
[Hugo Chávez] ha creado. Estamos en cada rincón del país día a día entregando
nuestra vida para lograr una sociedad más justa, de iguales, llena de solidaridad,
fraternidad y entregados a la desinteresada ayuda humanitaria, sin esperar ni
recibir nada a cambio, más que la prosperidad de nuestra patria”.
El Frente Francisco de Miranda funciona como instrumento para apoyar y
promover el surgimiento y desarrollo territorial de las Comunas en Venezuela. Sus
miembros, jóvenes bolivarianos formados políticamente, actúan como gestores
sociales encargados de organizar a las comunidades, impulsar el autogobierno
local y consolidar el tejido comunal, apuntando a la creación del Estado Comunal,
superador del Estado burgués, que en definitiva es el Estado que defiende al
capital.
Por lo pronto las comunas constituyen el espacio de articulación e integración de
mayor relevancia para el ejercicio de la democracia participativa directa y,
especialmente, para la inclusión y participación protagónica de los sectores
populares, con miras a solidificar la construcción del socialismo.
Dichas comunas funcionan como agrupaciones de varios consejos comunales
dentro de un mismo territorio para lograr el autogobierno local, la propiedad
colectiva y la producción social. Constituyen una muestra del autogobierno en la
base, del auténtico poder popular de la población. En otros términos: un camino a
la construcción del Estado socialista, que es la meta de la Revolución Bolivariana.
Presentan una organización muy articulada, constituida por:
 Consejos comunales de base: formados al unirse varios consejos comunales
de una zona vecina que comparten historia y costumbres.
 El Parlamento Comunal: que es el órgano principal de decisión, deliberación y
creación de normas internas para el territorio.
 Vocerías ejecutivas: Voceros elegidos por los vecinos, encargados de ámbitos
diversos como economía, alimentación, servicios, seguridad y justicia de paz.
Como se dijo, tienen como propósito fundamental la edificación del Estado
Comunal, mediante la promoción, impulso y desarrollo de la participación
protagónica y corresponsable de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión de las
políticas públicas, en la conformación y ejercicio de la democracia de base,
directa, no la representativa. Su objetivo es que el poder y la toma de decisiones
recaigan directamente en las comunidades organizadas, en lugar de hacerlo a
través de los gobiernos municipales, estadales o nacionales tradicionales.

Los consejos comunales son grupos de personas elegidas de un determinado
territorio. Según la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, que norma su
funcionamiento, se establecen a partir de entre 150 y 400 familias en zonas
urbanas, alrededor de 20 familias en zonas rurales y desde 10 familias en
adelante en comunidades indígenas. En el Estado Amazonas, por ejemplo, son
muy numerosas las familias que se organizan en consejos comunales.
El Estado registra en estos momentos casi 5,500 comunas y circuitos comunales.
Las hay más exitosas, y otras que presentan dificultades. En todas, el mecanismo
de trabajo es el mismo: la comunidad presenta proyectos sobre la base de sus
necesidades, y democráticamente la población elige el más beneficioso. Es la
Asamblea Comunal el órgano máximo de decisión. Luego, aprobadas las
iniciativas, la comunidad recibe fondos del gobierno central para la ejecución del
proyecto más votado. El segundo proyecto más votado por la gente recibe fondos
de la gobernación y/o de alcaldías. Todo esto está regulado por una ley nacional
que fija el estatuto de los consejos comunales. En otros términos: la democracia
de base no es una pura improvisación, sino que representa la columna vertebral
de la nueva sociedad que se apunta a construir.
En los departamentos con mayor presencia de pueblos originarios, como en
Amazonas, al sur del país (etnias yanomami, piaroa, jivi, kurripaco, yekuana,
puinave, warekena, piapoco, yeral, baniwa) la organización comunitaria es ya un
ejercicio de larga data. La Revolución Bolivariana vino a solidificar esos procesos,
y a darle un marco de legalidad institucional. El tejido legal fortalece los procesos
comunitarios, los avala, los pone en el centro del proceso de transformación que
vive el país.
En el capitalismo hay básicamente una ideología y valores individualistas; con el
poder popular, de base, que en los pueblos indígenas es ya cosa común, se
apunta a un modelo de solidaridad comunitaria. Eso no es fácil de impulsar,
porque el individualismo que forjó por décadas el sistema capitalista está muy
arraigado. Esto hace que los grados de participación popular sean distintos en
cada comuna, y no todo el mundo quiere/puede involucrarse.
Se fomenta la participación de todas y todos por igual, hombres y mujeres,
jóvenes y adultos, sin ninguna discriminación. Desde los 15 años ya se puede
tomar parte de los consejos comunales, y dentro del propio territorio se trata de
suplir todas las necesidades (salud, educación, infraestructura básica, producción,
desarrollo cultural, recreación, etc.).
Está claro que para todo el movimiento comunal hay una fuerte vinculación con las
políticas oficiales llevadas adelante por el gobierno central. Hoy esa administración
está bajo fuego. El imperialismo estadounidense, sintiéndose dueño de su “patio
trasero” latinoamericano, perpetró una infame intervención en territorio
venezolano, secuestrando a su presidente, y forzando al actual gobierno a seguir
sus lineamientos. El manejo del petróleo salió de la órbita de Caracas, y es el
propio imperio quien lo maneja, contraviniendo absolutamente los más mínimos

principios del derecho internacional. Luego de los dos devastadores terremotos del
24 de junio, tropas de Estados Unidos llegaron a Venezuela para, supuestamente,
brindar apoyo ante la catástrofe. En realidad, se trata de una ocupación
encubierta. Ante ello queda la pregunta (la incertidumbre) de hasta dónde las
comunas siguen representando la posibilidad cierta de construir poder popular,
una vía real hacia el socialismo, con esta invasión dentro de casa. La interrogante
está en el aire. Los miembros del Frente Francisco de Miranda afirman que las
comunas siguen gobernando en los territorios, y que la marcha al socialismo no se
ha detenido.
Desde alguna comuna, de las más radicales de Venezuela, se dice que “El Estado
Comunal es el horizonte social: hacer realidad el mandato histórico de «Comuna o
Nada» significa desmontar progresivamente la lógica del Estado burgués para
sustituirlo por el autogobierno de las masas, la democracia directa y la
participación protagónica de la clase trabajadora y los sectores populares.
«Comuna o nada» no es un eslogan, es la línea divisoria entre la transformación
socialista y la capitulación frente al capital. La fuerza viva de la revolución reside
en la calle, en el barrio, en el campo y en el territorio comunal. Frente a las
incertidumbres en las alturas, la respuesta revolucionaria, de izquierda y
antiimperialista es una sola: Todo el poder para las Comunas, la victoria es del
pueblo organizado”.
Sin dudas que Venezuela hoy abre una inquietante pregunta: ¿se está
construyendo y afianzando allí el poder popular? ¿Qué papel les queda a las
comunas, con un país invadido por fuerzas imperialistas?
Conclusiones (provisorias. Analizadas las seis experiencias -aquí solo van
dos- se tendrán las definitivas).
Básicamente estamos ante interrogantes. Por supuesto, en un mundo como el
actual, donde posiciones neofascistas crecen aceleradamente, es imprescindible
ver, en tanto campo popular, cómo blindarnos y oponer resistencias ante ese
supremacismo racista, patriarcal, misógino y avasallante que pareciera tragarnos.
Entonces:
 ¿Cómo ir más allá de la lógica capitalista? ¿Cómo construir comunidad
alternativa en un mundo que ataca ese proyecto, que propicia el ultra
individualismo, basado en la defensa total de la propiedad privada por fuera de
la propiedad comunal?
 En Santa Anita algunos miembros del grupo, contrariando la propiedad
comunal y el intento de construir redes solidarias, venden las parcelas
individuales aún. ¿Cómo es posible transformar la lógica y la cultura de finca
en proyecto de comunidad? ¿Hay que poner portones para protegerse del
exterior? ¿Hasta dónde eso es sostenible? ¿Cómo lograr que la juventud no
“escape” en busca de nuevos horizontes? Es evidente que aquí la alternativa

comunitaria choca frontalmente contra un Estado que sigue siendo antipopular,
de espalda a las reales necesidades de su población, solo preparado para
defender a las élites y reprimir la protesta. Los miembros de esta comunidad
provienen de experiencias guerrilleras, que fueron por excelencia ejemplo de
construcción comunitaria; pero al establecerse en esta nueva perspectiva luego
de su desmovilización, se ven constreñidos a organizarse dentro de marcos
que no propician comunidad popular autosuficiente, sino siguen la lógica del
Estado, con los COCODEs -Consejo Comunitario de Desarrollo-, que
funcionan como obligado puente entre los vecinos y la municipalidad. Hay allí
un cuello de botella difícil de evitar.
 En Venezuela es otro el perfil, es distinta la dinámica de la propuesta: allí las
comunas se encuentran con un Estado que, al menos en su proyecto
declarado, busca el socialismo, por lo que fomenta el poder popular, la
democracia de base. Pero Estado que todavía sigue siendo el de los poderes
capitalistas, con toda la estructura, la burocracia y los visos y vicios de un
común y corriente Estado burgués (aparato de dominación de clase). Dos
dudas surgen entonces: ¿se puede construir en profundidad una real
alternativa socialista en un Estado capitalista? Y más aún: en la actual
coyuntura del país caribeño, con las fuerzas norteamericanas de ocupación
dentro, manejando el negocio del petróleo, ¿se puede seguir construyendo
socialismo desde abajo? ¿Cómo?
 Las dos experiencias abren preguntas sobre el papel de las juventudes en la
comunidad. En Santa Anita, al no haber educación universitaria, muchos
jóvenes marchan a la ciudad (la capital, o Quetzaltenango) para seguir sus
estudios superiores. De esa cuenta, no siempre regresan a la comunidad de
base y se corta así un proceso. En las comunas de Venezuela el Estado
intenta generar instituciones universitarias para que los y las jóvenes no deban
abandonar su lugar de origen. Esto genera una pregunta que lleva a plantearse
cómo desarrollar una formación técnico-profesional de alta calidad que
efectivamente sirva a las comunidades, buscando alternativas al centralismo
urbano, poniendo el énfasis en lo territorial.
 Establecidas las comunidades, la participación real de sus miembros abre
preguntas: no siempre se participa desde la convicción, desde hondos valores
solidarios, pensando en el bien común a largo plazo. Muchas veces -esto es
una realidad innegable que abre preguntas y deberá cuestionarse- hay
personas que no se sienten plenamente parte de un todo comunitario, sino que
actúan en función de beneficios propios. No siempre se obra desde la
convicción político-ideológica, desde los valores de la empatía y la solidaridad.
Esto lleva a pensar hasta dónde puede impulsarse la genuina democracia de
base en un contexto que no la propicia.
 Todo lo anterior, que indudablemente obliga a abrirnos cuestionamientos, no
debe verse como problema insoluble ante el cual desfallecer, sino como

desafío, como un reto que nos fuerza a ir más allá. “Los pueblos consiguen
derechos cuando van por más, no cuando se adaptan a lo «posible»” (Sergio zeta.)