Por. Henry Pacheco: El Relator Especial es un experto independiente nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para seguir e informar sobre la situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado.
La tarea del Relator Especial es evaluar la situación de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado, informar públicamente sobre ella y trabajar con los gobiernos, la sociedad civil y otras entidades para fomentar la cooperación internacional. El Relator Especial realiza visitas o misiones periódicas al Territorio Palestino Ocupado e informa anualmente al Consejo de Derechos Humanos. El ACNUDH proporciona al titular del mandato asistencia logística y técnica.
El mandato del Relator Especial se deriva de la resolución de 1993 del Comité de Derechos Humanos. El mandato pide al Relator Especial:
- Investigar las violaciones por parte de Israel de los principios y fundamentos del derecho internacional, del derecho internacional humanitario y del Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, en los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967;
- Recibir comunicaciones, oír a los testigos y utilizar las modalidades de procedimiento que considere necesarias para su mandato; y
- Informar, con sus conclusiones y recomendaciones, a la Comisión de Derechos Humanos en sus futuras sesiones, hasta el fin de la ocupación israelí de esos territorios.
Sra. Francesca Albanese fue nombrada Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, por el Consejo de Derechos Humanos en su 49º período de sesiones en marzo de 2022 y ha asumido su función a partir del 1 de mayo de 2022.
La Sra. Albanese es becaria afiliada del Instituto para el Estudio de la Migración Internacional de la Universidad de Georgetown, así como asesora principal en materia de migración y desplazamiento forzoso de un grupo de reflexión, Arab Renaissance for Democracy and Development (ARDD). Ha publicado ampliamente sobre la situación jurídica en Israel y el Estado de Palestina y enseña y da conferencias regularmente sobre derecho internacional y desplazamiento forzoso en universidades de Europa y la región árabe.
La Sra. Albanese también ha trabajado como experta en derechos humanos para las Naciones Unidas, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina
De la economía de ocupación a la economía de genocidio
Informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados sobre las empresas involucradas en el proyecto colonial israelí
Francesca Albanese 9/07/2025
El día 3 de julio de 2025, la Relatora Especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados, Francesca Albanese, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el siguiente informe, que relata las formas concretas en las que empresas e instituciones han colaborado con la ocupación y/o colaboran actualmente con el genocidio del pueblo palestino. Aparecen grandes empresas de tecnologías de la comunicación, como Google, Amazon o Microsoft. También las principales gestoras del sector financiero como Blackrock y Vanguard y fondos de pensiones como el noruego y el canadiense. Maquinaria de empresas como Caterpillar, Volvo o Hyundai ha sido utilizada para la destrucción de propiedades palestinas y la construcción de colonias. Se menciona a la vasca CAF como responsable de la construcción de infraestructura de transporte entre Jerusalén y las colonias. Junto con las empresas armamentísticas israelíes como Elbit Systems e Israel Aerospace Industries, aparecen la estadounidense Lockheed Martin o la italiana Leonardo. Universidades como el MIT o la Universidad Técnica de Múnich también colaboran en investigaciones con el sector armamentístico israelí.
Albanese insta a los Estados a imponer un embargo de armas total, suspender los acuerdos comerciales y de inversión con Israel y exigir responsabilidades a las empresas por las violaciones del derecho internacional. En el Anexo propone cómo estas empresas e instituciones se pueden responsabilizar legalmente de las violaciones de derechos humanos que han hecho posibles.
Para facilitar la lectura, se han eliminado las notas al pie, que están disponibles en el documento original en inglés.
De la economía de ocupación a la economía de genocidio
Informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados sobre las empresas involucradas en el proyecto colonial israelí
El día 3 de julio de 2025, la Relatora Especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados, Francesca Albanese, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el siguiente informe, que relata las formas concretas en las que empresas e instituciones han colaborado con la ocupación y/o colaboran actualmente con el genocidio del pueblo palestino. Aparecen grandes empresas de tecnologías de la comunicación, como Google, Amazon o Microsoft. También las principales gestoras del sector financiero como Blackrock y Vanguard y fondos de pensiones como el noruego y el canadiense. Maquinaria de empresas como Caterpillar, Volvo o Hyundai ha sido utilizada para la destrucción de propiedades palestinas y la construcción de colonias. Se menciona a la vasca CAF como responsable de la construcción de infraestructura de transporte entre Jerusalén y las colonias. Junto con las empresas armamentísticas israelíes como Elbit Systems e Israel Aerospace Industries, aparecen la estadounidense Lockheed Martin o la italiana Leonardo. Universidades como el MIT o la Universidad Técnica de Múnich también colaboran en investigaciones con el sector armamentístico israelí.
Albanese insta a los Estados a imponer un embargo de armas total, suspender los acuerdos comerciales y de inversión con Israel y exigir responsabilidades a las empresas por las violaciones del derecho internacional. En el Anexo propone cómo estas empresas e instituciones se pueden responsabilizar legalmente de las violaciones de derechos humanos que han hecho posibles.
Así funciona la economía del genocidio: quién es quién en el lucrativo negocio a costa del pueblo palestino.
- Un nuevo informe presentado ante Naciones Unidas detalla cómo las grandes empresas financian y obtienen beneficios del genocidio en Palestina.
- “Si el genocidio no ha terminado, es porque es un negocio muy lucrativo”, asegura la Relatora Especial de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados de Palestina, Francesca Albanese.
“Si Palestina fuese una escena del crimen, tendría las huellas dactilares de todos nosotros”, así de contundente se ha mostrado la Relatora Especial de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados de Palestina, Francesca Albanese, tras presentar su informe De la economía de la ocupación a la economía del genocidio. Un exhaustivo estudio que señala cómo las grandes empresas financian y obtienen beneficios del genocidio contra el pueblo palestino.
Dónde hacemos la compra, en qué gasolinera repostamos, el banco dónde depositamos nuestros ahorros y otras tantas decisiones cotidianas que, sin que seamos conscientes, financian indirectamente el apartheid israelí. “Si el genocidio no ha terminado, es porque es un negocio muy lucrativo”, asegura Albanese, que apela a los “ciudadanos corrientes” a practicar el “boicot” contra este fenómeno.
Su informe, presentado este jueves en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, interpela directamente a los Estados, a los que llama a imponer sanciones y cortar todas las relaciones comerciales y financiares con Israel. Exigiendo además que las empresas que se están enriqueciendo de la masacre del pueblo palestino “rindan cuentas” ante la justicia.
Las grandes empresas, responsables del genocidio
Según el informe de la relatora, las grandes empresas no solo obtienen beneficio del genocidio, sino que lo han hecho posible. La economía no es un mero beneficiario colateral de esta violencia, sino que es el sistema circulatorio que hace que la violencia continúe.
Fabricantes de armas que abastecen al Ejército israelí, empresas de maquinaria pesada usada para destruir los barrios en Cisjordania, los grupos agrícolas que comercializan productos de asentamientos ilegales o los bancos que financian la ofensiva contra Gaza: todos desempeñan un papel clave en el engranaje de la limpieza étnica.
«Estas empresas han seguido suministrando al mercado israelí a pesar de las abundantes pruebas del uso criminal de esta maquinaria por parte de Israel y los repetidos llamamientos de los grupos de derechos humanos para cortar los lazos», dice Albanese en el informe. «Los proveedores pasivos se convierten en contribuyentes deliberados de un sistema de desplazamiento».
El informe define al complejo militar‑industrial como la “columna vertebral económica” de Israel. Gracias a él, el Ejército dispone sin interrupción de munición, drones y otros equipos usados en Gaza y Cisjordania. Sirviendo de campo de pruebas para la industria armamentística: los fabricantes presumen de que sus productos están “tested in combat” (probados en combate), un reclamo que incrementa su valor comercial.
Para Albanese, “las compañías que proporcionan armamento y apoyo técnico han reforzado la capacidad israelí para perpetuar el apartheid”. Empresas como la estadounidense Lockheed Martin, que agrupa a 1.600 fabricantes de todo el mundo, han suministrado de forma constante al Ejército israelí cazas F-35, vitales para el bombardeo de Gaza y ataques como el producido contra Irán el pasado mes de junio.
En mayo de este año, Lockheed Martin alcanzó un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Defensa español para proporcionar a la industria de defensa nacional “una mayor capacidad de ingeniería y producción”. Se estima que en los últimos años Defensa ha suscrito más de 40 acuerdos con la compañía por un valor superior a los 2.000 millones de dólares.
En el mismo campo, la tecnológica estadounidense Palantir aparece en el texto de la relatora especial por haber provisto al ejército israelí de un software que permite la toma de decisiones automatizada en “situaciones de guerra”.
La compañía cuenta con una filial en España, Palantir Technologies Spain SL, y ha sido beneficiaria en octubre de 2023 de un contrato con el Ministerio de Defensa español, por valor de 16,5 millones de euros, para desarrollar sistemas de análisis y fusión de datos con tecnologías basadas en Inteligencia Artificial.
Otras grandes tecnológicas como Microsoft, Alphabet y Amazon proveen a Israel de servicios de almacenamiento de datos y de inteligencia artificial, “mejorando el procesamiento de datos, la toma de decisiones y las capacidades de vigilancia y análisis”.
Por otra parte, gigantes automovilísticos como Hyundai (Corea del Sur) y Volvo (Suecia) también aparecen señalados por la presunta venta de maquinaria pesada a Israel. Vehículos clave en las demoliciones masivas de Gaza y Cisjordania. Desde octubre de 2023 hasta octubre de 2024, Israel construyó 57 nuevas colonias “con empresas israelíes e internacionales que suministraban maquinaria, materias primas y apoyo logístico” asegura el informe.
En cualquier caso, la relatora advierte que lo que expone “no es una lista, es un sistema”. Y como tal, requiere de una respuesta estructural por
«Europa tenía el deber de prevenir y detener el genocidio en Gaza. No hizo ninguna de las dos cosas»
La banca sostiene la economía del genocidio
Casi dos años después del inicio del genocidio en Gaza, Israel es capaz de sostener su economía gracias a la emisión masiva de bonos del tesoro, que dan liquidez directa al Gobierno israelí para cubrir el déficit generado por la compra masiva de armamento.
“Algunos de los bancos más grandes del mundo, incluidos BNP Paribas y Barclays, intervinieron para aumentar la confianza del mercado suscribiendo estos bonos del Tesoro internacionales y nacionales, lo que permite a Israel contener la prima de la tasa de interés, a pesar de una rebaja de crédito”, señala el texto.
Desde el 7 de octubre, la Bolsa de Valores de Tel Aviv habría crecido al menos un 200% en menos de dos años, más de 220 mil millones de dólares en beneficios bursátiles. «Un pueblo enriquecido, otro borrado«, sintetizaba la relatora en la posterior comparecencia de prensa.
La española CAF señalada
En el informe aparece señalada la empresa vasca CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA) como parte del consorcio empresarial encargado de mantener y ampliar la Línea Roja del Metro Ligero de Jerusalén, así como de construir una nueva Línea Verde. Una obra que contempla la construcción de 28 nuevos kilómetros de vías que conectan Israel con asentamientos ilegales en Jerusalén Este, anexionados ilegalmente por Israel en 1980 y sin reconocimiento de Naciones Unidas.
La concesión de este contrato se formalizó en 2019 a través de un consorcio entre CAF y la constructora israelí Shapir. El proyecto tiene un coste total que ronda los 1.800 millones de euros.
De esa cifra, más de 500 millones irían a parar a CAF por las tareas de obra civil, montaje de vías y suministro de material rodante. A esa parte fija se suman los ingresos correspondientes a su participación al 50% en la sociedad conjunta responsable de la explotación y el mantenimiento de ambas líneas durante un período de entre 15 y 25 años, actividad que por sí sola podría generar cerca de 1.000 millones adicionales.
Esta obra consolida el plan colonial israelí al conectar sus asentamientos ilegales. Garantizando el tráfico de mercancías y personas para los colonos y fragmentando físicamente el territorio palestino.
Las empresas deben ser juzgadas
Para Albanese, la responsabilidad del genocidio palestino va más allá de Israel. Según la relatora, el marco jurídico internacional ofrece ya una base sólida para establecer la responsabilidad penal y civil de las corporaciones que facilitan crímenes de lesa humanidad. En su opinión, lo que ocurre en Palestina “es una línea roja” para el sector privado.
El informe de Albanese advierte de que ya existen precedentes históricos. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Tribunal de Núremberg sentó un hito jurídico al enjuiciar a los directivos de IG Farben —la colosal química alemana— por haber suministrado gas Zyklon B y otros productos esenciales al aparato de exterminio nazi.
Algo similar ocurrió en la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, donde se señaló la responsabilidad corporativa de varias empresas en la violación de Derechos Humanos de la población negra.
“La complicidad expuesta por el informe es sólo la punta del iceberg; no se podrá acabar con ella sin exigir responsabilidades al sector privado, incluidos sus ejecutivos” señala. “Un paso necesario para poner fin al genocidio y desmantelar el sistema mundial que lo ha permitido”.
Estados y ciudadanos deben actuar
La relatora especial termina su informe emitiendo varias recomendaciones a los Estados para “acabar con la impunidad” y “frenar el genocidio”. Entre las medidas sugeridas destaca un “embargo total” a la compra y venta de armamento y la imposición de “sanciones”.
Del mismo modo, pide la suspensión de todos los acuerdos comerciales con Israel. Actuando también contra las respectivas empresas nacionales que estén financiando o lucrándose con el genocidio.
“En este momento existencial para el pueblo palestino; sindicatos, abogados, organizaciones de la sociedad civil y la propia ciudadanía deben fomentar un cambio de actitud por parte de las empresas y los gobiernos”, asegura Albanese. Quien pide que la presión se traduzca en “boicots, desinversiones, sanciones y rendición de cuentas”. “No es una cuestión de si hacerlo o no, es una cuestión de cuándo”, sentencia.
“Si Palestina fuese una escena del crimen, tendría las huellas dactilares de todos nosotros”, así de contundente se ha mostrado la Relatora Especial de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados de Palestina, Francesca Albanese, tras presentar su informe De la economía de la ocupación a la economía del genocidio. Un exhaustivo estudio que señala cómo las grandes empresas financian y obtienen beneficios del genocidio contra el pueblo palestino.
Dónde hacemos la compra, en qué gasolinera repostamos, el banco dónde depositamos nuestros ahorros y otras tantas decisiones cotidianas que, sin que seamos conscientes, financian indirectamente el apartheid israelí. “Si el genocidio no ha terminado, es porque es un negocio muy lucrativo”, asegura Albanese, que apela a los “ciudadanos corrientes” a practicar el “boicot” contra este fenómeno.
Su informe, presentado este jueves en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, interpela directamente a los Estados, a los que llama a imponer sanciones y cortar todas las relaciones comerciales y financiares con Israel. Exigiendo además que las empresas que se están enriqueciendo de la masacre del pueblo palestino “rindan cuentas” ante la justicia.
Las grandes empresas, responsables del genocidio
las grandes empresas no solo obtienen beneficio del genocidio, sino que lo han hecho posible. La economía no es un mero beneficiario colateral de esta violencia, sino que es el sistema circulatorio que hace que la violencia continúe.
Fabricantes de armas que abastecen al Ejército israelí, empresas de maquinaria pesada usada para destruir los barrios en Cisjordania, los grupos agrícolas que comercializan productos de asentamientos ilegales o los bancos que financian la ofensiva contra Gaza: todos desempeñan un papel clave en el engranaje de la limpieza étnica.
«Estas empresas han seguido suministrando al mercado israelí a pesar de las abundantes pruebas del uso criminal de esta maquinaria por parte de Israel y los repetidos llamamientos de los grupos de derechos humanos para cortar los lazos», dice Albanese en el informe. «Los proveedores pasivos se convierten en contribuyentes deliberados de un sistema de desplazamiento».
El informe define al complejo militar‑industrial como la “columna vertebral económica” de Israel. Gracias a él, el Ejército dispone sin interrupción de munición, drones y otros equipos usados en Gaza y Cisjordania. Sirviendo de campo de pruebas para la industria armamentística: los fabricantes presumen de que sus productos están “tested in combat” (probados en combate), un reclamo que incrementa su valor comercial.
Para Albanese, “las compañías que proporcionan armamento y apoyo técnico han reforzado la capacidad israelí para perpetuar el apartheid”. Empresas como la estadounidense Lockheed Martin, que agrupa a 1.600 fabricantes de todo el mundo, han suministrado de forma constante al Ejército israelí cazas F-35, vitales para el bombardeo de Gaza y ataques como el producido contra Irán el pasado mes de junio.
En mayo de este año, Lockheed Martin alcanzó un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Defensa español para proporcionar a la industria de defensa nacional “una mayor capacidad de ingeniería y producción”. Se estima que en los últimos años Defensa ha suscrito más de 40 acuerdos con la compañía por un valor superior a los 2.000 millones de dólares.
En el mismo campo, la tecnológica estadounidense Palantir aparece en el texto de la relatora especial por haber provisto al ejército israelí de un software que permite la toma de decisiones automatizada en “situaciones de guerra”.
La compañía cuenta con una filial en España, Palantir Technologies Spain SL, y ha sido beneficiaria en octubre de 2023 de un contrato con el Ministerio de Defensa español, de 16.5 millones de EUROS, para desarrollar sistemas de análisis y fusión de datos con tecnologías basadas en Inteligencia Artificial.
Otras grandes tecnológicas como Microsoft, Alphabet y Amazon proveen a Israel de servicios de almacenamiento de datos y de inteligencia artificial, “mejorando el procesamiento de datos, la toma de decisiones y las capacidades de vigilancia y análisis”.
Por otra parte, gigantes automovilísticos como Hyundai (Corea del Sur) y Volvo (Suecia) también aparecen señalados por la presunta venta de maquinaria pesada a Israel. Vehículos clave en las demoliciones masivas de Gaza y Cisjordania. Desde octubre de 2023 hasta octubre de 2024, Israel construyó 57 nuevas colonias “con empresas israelíes e internacionales que suministraban maquinaria, materias primas y apoyo logístico” asegura el informe.
En cualquier caso, la relatora advierte que lo que expone “no es una lista, es un sistema”. Y como tal, requiere de una respuesta estructural por parte de Estados y organizaciones internacionales.
Las 5 empresas en América Latina y España acusadas por la relatora de la ONU Francesca Albanese de «beneficiarse del genocidio» en Gaza
El controvertido envío de carbón colombiano a Israel
Para mediados del año pasado, Colombia era el mayor proveedor de carbón a Israel con una participación de más del 50% del mercado, según el American Journal of Transportation.
En junio de 2024, el presidente colombiano Gustavo Petro, quien desde hace años ha condenado públicamente los ataques de Israel contra el pueblo palestino, anunció que su país suspendería las exportaciones de carbón a Israel.
Las acusaciones que Petrobras niega
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó en la reciente cumbre de los BRICS que el mundo debe actuar para detener lo que describió como un «genocidio» israelí en Gaza.
«No podemos permanecer indiferentes ante el genocidio llevado a cabo por Israel en Gaza, el asesinato indiscriminado de civiles inocentes y el uso del hambre como arma de guerra», afirmó el mandatario el domingo.
Petrobras, una de las petroleras más grandes del mundo y mayoritariamente propiedad del Estado brasileño, estaría colaborando con dicho «genocidio», según la relatora especial de la ONU.
Orbia «facilita el expansionismo» de Israel
La mexicana Orbia Advance Corporation también aparece en la lista, a través de su subsidiaria Netafim, de la que es propietaria en un 80%.
De acuerdo con el informe de la ONU, Netafim, líder mundial en tecnología de riego por goteo, proporciona infraestructura para explotar los recursos hídricos en la Cisjordania ocupada.
EN España El grupo CAF, «contribuye a consolidar asentamientos» sobre todo en Cisjordania, otros
En 2024, la empresa catalana COMSA se retiró del consorcio tras haber ganado la construcción de la línea azul del tranvía de Jerusalén, mientras que la semana pasada la acerera vasca SIDENOR anunció que dejaría de suministrar acero a empresas israelíes.
La acerera vasca tomó la decisión luego de que surgieran reportes de que llevaba al menos diez meses suministrando barras de acero al fabricante de armas israelí IMI Systems (IMI), propiedad de Elbit Systems, uno de los gigantes armamentísticos de Israel.
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