Nicolás Maduro y Cilia Flores son inocentes. No han cometido ningún delito, ni en
Venezuela ni en ningún otro territorio. Fueron secuestrados por una fuerza militar
extranjera de manera ilegal, sin la existencia de ninguna declaración de guerra. Por eso,
los secuestradores deberían ser detenidos y juzgados.
Es una verdad a gritos, y el Presidente Trump fue claro: el objetivo del secuestro siempre
fue dejar al gobierno Bolivariano de rodillas, tener a su presidente como rehén, y tenerlo
capturado a cambio del petróleo venezolano.
Las acusaciones de Estados Unidos simplemente son acusaciones sin fundamento. Bajo la
presunción de inocencia —reconocida en la propia Constitución de Estados Unidos y en el
artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos— la carga de la prueba
recae sobre quien acusa. No son Maduro y Flores quienes deben demostrar su inocencia:
Washington es quien debe demostrar su culpabilidad, y hasta hoy no lo ha hecho, ni va a
poder hacerlo sin recurrir a la fabricación de pruebas falsas sin veracidad alguna.
Las organizaciones, movimientos, partidos, sindicatos, intelectuales y personas que
suscribimos este manifiesto nos dirigimos a los pueblos del mundo para exigir su
liberación, ante una prisión y un tribunal totalmente ilegal.
Ni pruebas ni jurisdicción
Como debemos recordar, el 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses entraron
ilegalmente en Venezuela y secuestraron al presidente Nicolás Maduro y a la primera
combatiente Cilia Flores para trasladarlos a Estados Unidos, donde hoy permanecen
presos. No hubo solicitud de extradición, ni proceso legal acordado, ni autorización del
Consejo de Seguridad: hubo una operación militar contra un país soberano para capturar a
su presidente en ejercicio y a la primera dama. El artículo 2.4 de la Carta de las Naciones
Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia
política de un Estado, y detener a una persona acusada de delitos de narcotráfico en los
tribunales de alguno de los países no figura entre sus excepciones. Tampoco puede un
Estado extinguir la inmunidad del jefe de Estado de otro país negándole reconocimiento
diplomático.
La acusación tampoco resiste ningún examen. Se apoya en la narrativa del denominado
“Cartel de los Soles”, del cual el propio gobierno de Estados Unidos reconoció su
inexistencia una vez se consumó el secuestro. Su nombre, sin embargo, ha servido durante
años como expresión paraguas para señalamientos dispersos relacionados con el
narcotráfico, sin tener alguna membresía demostrada, estructura de mando ni cadena de
autoridad, reflotando una vez más la narrativa de la “guerra contra las drogas” de los años
70 que solo sirvió como máscara para la intervención en los países de la región.
En el caso de la Diputada Cilia Flores, estas acusaciones son aún más insostenibles. La
extrema violencia con la que ha sido tratada evidencia un caso de violencia de género por
razones políticas que debe hacerse notar.
La selectividad de esta supuesta guerra contra el narcotráfico y los “narcoestados” ya
quedó demostrada cuando el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, aliado de
Washington, a pesar de haber sido extraditado, juzgado con pruebas y
contrainterrogatorios, y finalmente condenado por un tribunal federal de Nueva York, fue
indultado por Donald Trump en diciembre de 2025.
Las implicaciones de este caso van mucho más allá de Venezuela. Permitir que un Estado
extranjero se imponga sobre la jurisdicción legal de otro país y avance en un juicio sin base
en el derecho internacional equivale a consagrar al sistema judicial estadounidense como
una jurisdicción global e ilimitada.
Por lo tanto, declaramos y exigimos
Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron secuestrados mediante un acto ilegal de fuerza militar,
han sido puestos ante los tribunales del mismo Estado que persiguió su derrocamiento
durante años y han sido acusados sobre la base de una narrativa política de supuestos
delitos aún no ha sobrevivido a un examen de veracidad.
En consecuencia, exigimos:
- La liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia
Flores y su retorno seguro a Venezuela. - El cese del proceso judicial derivado de una captura violatoria de la Carta de las
Naciones Unidas y de la inmunidad de un jefe de Estado en ejercicio. - El respeto pleno a la soberanía de Venezuela y el fin de las agresiones militares,
las sanciones unilaterales coercitivas y las operaciones de cambio de régimen. - El rechazo expreso de los Estados y los organismos multilaterales a la doctrina
de jurisdicción extraterritorial ilimitada que este caso pretende instaurar. - El fin del uso de la “guerra contra el narcotráfico” como pretexto de ataques
en diversos países de la región, con asesinatos y sin ningún juicio previo.
Llamamos a los movimientos populares, sindicatos, partidos, juristas, intelectuales y
pueblos del mundo a difundir este manifiesto, llevarlo a sus parlamentos, universidades y
organizaciones, y exigir a sus gobiernos que rompan el silencio.
Convocan: ALBA Movimientos y Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP)
Firmas:
(Enviar para: secretaria@albamovimientos.org.br: nombre, país, organización que
representa, idioma, correo)
